Había prometido traducir este importante artículo al español, para que poner el punto y final sobre el off topic del uso de los datos personales por parte de los poderes públicos.

Las aportaciones de todos han derivado la discusión un poco al margen de la Administración Electrónica y de sus implicaciones con la LOPD. Como no sé ir más allá, después de este artículo intentaré volver al tema principal de este blog.

Otra advertencia: el autor no ha autorizado esta traducción, es posible que ni siquiera se entere nunca. Tomen el texto como un uso del derecho de cita un poco más extendido de lo normal o un uso docendi causa de un material que no es mío.

Internet entre la seguridad y la regulación

¿Quién establece las normas de la democracia planetaria? ¿Qué poderes se reparten el gobierno del mundo? Estas preguntas pueden parecer excesivas. En realidad reflejan problemas concretos e inquietudes sobre el futuro del cual se discute intensamente en las más dispares sedes internacionales, y sería oportuno que algún eco llegara también en el pobre patio italiano. Los derechos de las personas y la relación entre la tecnología y la democracia están cambiando su cara, se hace más agudo el conflicto entre igualdad y exclusión, libertades antiguas y nuevas son desafiadas por miles prepotencias. Por primera vez en el Internet Governance Forum de la Onu, que se desarrolló en diciembre del pasado año a Hyderabad, la mayoría de las sesiones se ha dedicado al tema de los derechos, monopolizando casi la atención de los participantes. ¿Esto es la señal de una madurez lograda o de una creciente preocupación? Puede que la verdadera razón de esta nueva actitud haya que encontrarla en la conciencia ya extendida de la insostenibilidad de un “orden privado del mundo”, entregado a la sola lógica del mercado, acompañado por un orden “seguritario” y por inquietantes presencias de la soberanía nacional. Todos estos fenómenos unificados manifiestan un declarado desprecio por todo tipo de control y por una deliberada eclipse de los derechos. La fuerza de las cosas, con los efectos devastadores de la crisis económica y financiera, ha puesto en discusión una ideología, ha puesto punto y final a una época en la que la única palabra válida era “deregulación”. Se ha caído toda una arquitectura planetaria, se invocan normas donde antes se pretendía que los privados tuvieran las manos completamente libres. Estamos ahora asistiendo a una singular vuelta al derecho, como a menudo pasa en los tiempos de transición. Ya había sucedido en los días siguientes a la caída del Muro de Berlín, cuando se pensaba que un sistema de normas compartidas debía tomar el relevo al “equilibrio del terror” (y se ha dicho, después, que con el desorden de la Rusia post soviética, y su vuelco autoritario, son el resultado del haber entregado todo a las meras dinámicas del mercado, sin preocuparse de una adecuada construcción institucional). Hoy la cuestión está otra vez a la orden del día. Pero, ¿qué debe ser regulado? Y ¿cómo? Si el mundo de la economía y de la finanza ha sido pervertido por el hecho de que ya no se negociaba “al amparo de la ley”, después hemos visto una muy marcada intervención de los Estados con normas represivas de las libertades individuales y colectivas, justificadas con el argumento, o el pretexto, de la lucha al terrorismo o a la criminalidad. Idéntico, sin embargo, el resultado. Sacrificio de los derechos, poderes fuera de control, uso desinhibido de la dimensión global. Si las operaciones especulativas recurrían el mundo y las empresas se deslocalizaban de manera salvaje, la misma técnica ha sido utilizada por el recurso a la tortura, con la “deslocalización” de las personas desde Estados que se proclamaban exportadores de democracia a Estados que aceptaban el papel de torturadores, los verdaderos “Estados canallas” de nuestros días. Si el orden interior e internacional debe ser llevado de nuevo a las normas de la democracia, del respeto de los derechos y del control de toda forma de poder, esto debe suceder siempre, en todos los casos. Los derechos no son divisibles, no podemos vivir de una manera en la que se vuelven a poner en marcha un poco de legalidad en el orden económico y se continúa aceptando la compresión de las libertades civiles, también porque hay enlaces que no pueden ser desligados si no se actúa sobre ambas vertientes. Leemos las conclusiones de una reciente relación encargada al Consejo de Europa. Después de haber subrayado que a menudo la referencia al terrorismo es sólo una cómoda invocación, se cuenta que “en demasiados casos las leyes y las acciones políticas adoptadas son desproporcionadas y han sido usadas de manera abusiva, no para tutelar la seguridad pública, sino para los intereses políticos de los gobiernos. Los organismos internacionales han preparado unos instrumentos no equilibrados y que no garantizan adecuadamente los derechos fundamentales. Y esto se debe, por lo menos en parte, a que los peores gobiernos han sido los más convencidos defensores de una expansión de estos instrumentos internacionales para justificar sus propios abusos internos”. La relación está en buena medida dedicada a las limitaciones de la libertad de expresión y consiente tomar buena nota de las relaciones entre la compresión de los derechos fundamentales y los intereses de mercado.