Mientras se resuelven las dudas sobre la operatividad del SIGEM, como Gestor Documental para los Ayuntamientos, me dedico a apuntar algunas reflexiones sobre las barreras para la implantación de proyectos de e-Administración.

Me he centrado, hasta la fecha, en las barreras políticas (los responsables de las administraciones locales no son conscientes de las herramientas propias de la Web 2.0) y sobre las barreras técnicas (Gestor Documental), pero he dejado de lado dos aspectos: la formación continua de los funcionarios (abordada prevemente) y la formación de los usuarios/ciudadanos.

El segundo de estos temas es el que quiero abordar. Y lo quiero hacer remediando a un error, que sugiero ya desde el título de esta entrada.

Todo proyecto de e-Administración debe centrarse en el ciudadano, como actor principal de estos proyectos.

Tanto es así que la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos trasforma la «posibilidad» de la Administración de establecer relaciones con los ciudadanos, en «deber» de ésta para atender los derechos de los administrados.

Deberíamos plantearnos, fundamentalmente, la siguiente pregunta: ¿qué quiere un ciudadano de su Ayuntamiento? Sólo entonces, la corporación local debería preocuparse de cómo implantar la e-Administración.

Intuyo que el ciudadano, por ejemplo, no quiere hacer colas y le gustaría realizar los trámites más sencillos (solicitar un vado, reservar la cancha de tenis municipal, etc.) desde su casa, delante de su ordenador.

A eso da respuesta (o debería de darla) un proyecto eficaz de e-Administración. Pero, ¿no nos estaremos olvidando de algo?

Damos por supuesto que los ciudadanos tienen un ordenador en casa, conexión de banda ancha y, además, saben usar la informática no sólo para el chat y descargar películas y música, si no que también poseen lo que se denomina «Alfabetización funcional«.

Todo esto es mucho suponer. La verdad es que tenemos que hacer un alto en el camino y replantearnos el calendario de implantación de e-Administración.

Paralelamente a todas las actuaciones analizadas (concienciación de los responsables, formación de los funcionarios, elección de software, firma electrónica, protección de datos, etc.), deberemos, lo antes posible, preparar (y financiar) toda una serie de programas para que todos los ciudadanos (¡no queremos más brechas digitales!), puedan, si quieren, subirse al tren de estas nuevas tecnologías.

Miren la paradoja: quien más podrían aportar indicaciones sobre este problema (los ciudadanos sin acceso a la información) no podrán ayudarme porque ni siquiera saben que existen estas herramientas para hacer oir su voz.