Lo que había nacido como un experimento para difundir información sobre e-administración, al final, se transformará en chismorreo ministerial.

Ahora resulta que las administraciones que mandan en este asunto, han decidido parar los avances en las pruebas sobre el SIGEM.

Y esto es un problema. Por un lado están las pequeñas administraciones públicas que han apostado por esta herramienta sin licencia; por otro están los ciudadanos, que podrían confiar en una herramienta pública, plenamente interoperable, defensora de los derechos a la neutralidad tecnológica.

Egoísticamente hablando, también hay que mencionar a otra categoría de afectados. Se trata de las empresas privadas que han apostado por apoyar, hasta la fecha desinteresadamente, las iniciativas de los organismos públicos, comprometiéndose personal y profesionalmente contra las soluciones previstas por software propietarios de grandes empresas.

Ya lo decía una vieja canción de Pino Daniele: «‘Ncop e sold a ggent nun guard ‘nfacc a nisciun»