Después de haber pasado un mal lunes (menos mal que existen las copias de seguridad y Espira está siempre a tu lado), hoy toca echarle un vistazo al artículo de Público sobre el uso de la Administración Electrónica en España.
Desde luego, es halagador ver que España se encuentra entre los primeros puestos en el desarrollo e implantación de la e-Administración, pero es cierto que el porcentaje de uso de ests herramientas deja un mal sabor de boca.
¿Qué está fallando? Desde luego, no me atrevo a proponer una solución brillante a esta pregunta, pero mi opinión es que se debe incidir más en dos de los factores que se están dejando de lado. A saber:
- Acercar la administración al ciudadano;
- Aumentar la información/formación para los usuarios.
En muchos proyectos de e-Administración en los que tengo la suerte de participar, noto mucha insistencia en el elemento tecnológico, resumiéndose el asunto en “e-Administración=cosas de informáticos”.
Sin embargo, el sentido común y los datos aportados por el mencionado artículo, hacen pensar que los elementos portantes de la e-Administración son otros.
El ciudadano se relaciona mucho más con las Administraciones a él más cercanas, in primis, la Administración Local, que es también la menos preparada (con honrosas excepciones) a estos cambios. Todo esto hace que los datos de uso de la e-Administración sean aparentemente tan pobres, pero reveladores.
Como ciudadano medio, ¿cuántas veces tendré que realizar un trámite con, por ejemplo, el Ministerio de Industria? ¿Y cuántas con mi Ayuntamiento? Sin datos estadísticos en la mano, intuyo que la Administración Local será mi interlocutor más frecuente y a él pido que me facilite medios para resolver mis trámites más cotidianos (Padrón, multas, impuestos y tasas municipales, etc.). La prueba inversa está en el mismo dato sobre el utilizo de los medios electrónicos: cuando hay que tramitar la declaración anual de la Renta, ahí está el 39% de nosotros que se comunica con Hacienda a través de Internet.
Así que, en lineas generales, no están mal los datos de uso de la Administración Electrónica cuando realmente la necesitamos (en el ámbito nacional). Más cerca tengo las soluciones, más las uso.
El segundo de los factores para interpretar estos datos está en la formación, tanto de los usuarios/funcionarios, como de los mismos ciudadanos.
Por lo que se refiere a los funcionarios, éstos viven atrapados en el formalismo administrativo, donde prima una (falsa) sensación de seguridad jurídica, que sólo puede ser respetada, aparentemente, a través del papel. “Si no hay fotocopia de todo, el trámite no se puede realizar”. Sin embargo, las herramientas legalmente previstas de documentos, expedientes y firmas electrónicas permiten salvaguardar la seguridad jurídica, haciendo los procedimientos más ágiles.
En los programas de formación para funcionarios, yo insisto mucho en el cambio de mentalidad para acercarse con éxito a esta nueva manera de realizar tareas administrativas. La misma Ley 3/2010, de Administración Electrónica en la Comunidad Valenciana insiste, en su Exposición de Motivos, en el cambio cultural y organizativo que conlleva emprender proyectos de e-Administración. En su Disposición Adicional Quinta, hasta se hace hincapié en la necesidad de planes anuales de formación en estas áreas. Existen las herramientas, sólo se trata de aprender a utilizarlas, en el respeto de los límites legales impuestos por la legislación vigente.
Y los ciudadanos ¿qué?
Bueno, por el texto del artículo, parece que al ciudadano le encanta hacer colas ante una ventanilla (o más, si se tercia). Tengo serias dudas de que esto sea así. Lo que sí es cierto es que, desde algunas Administraciones, no se lo ponemos fácil. ¿Y si empezáramos por hacer campañas de información sobre las ventajas reales del uso del e-DNI? No creo sea suficiente con una página de publicidad en los periódicos para explicar cómo y porqué usar esta herramienta de identificación online.
¿Qué tal si se tuviera más visibilidad en los medios públicos de comunicación como, por ejemplo, la tele?
Un ejemplo de que las cosas no se están haciendo (o comunicando, que es lo mismo) bien: conéctense a la Web de RTVE. Si hacen una búsqueda con los términos “nuevas tecnologías”, verán que los primeros resultados están ocupados con noticias relacionados con los males de Internet. Si es lo que comunicamos desde las instancias públicas ¿cómo quieren que perciban las nuevas tecnologías?
Amedeo
Pues, sí que le he dado vueltas, de ahí el retraso en contestar. Al final, mi conclusión es idéntica a la tuya: yo tampoco veo relación posible entre el SITEL y la Ley 11/2007.
El primero es un sistema sofisticado de escucha (con fines judiciales), mientras que el segundo regula las relaciones entre el e-ciudadano y la e-Administración. De verdad, no pillo las relaciones, pero estoy abierto a que se aporten más datos y ver qué sacamos, entre todos, en limpio.
Un saludo,
Amedeo Maturo
drevin
Hola!
He estado siguiendo tu página con detenimiento y me gustaría saber la opinión de alguien que tenga conocimiento sobre una cuestión para hacerme ver más de cerca la ley 11/2007.
¿Crees que el sistema SITEL por el que pregunta Paloma le aplica la ley 11/2007? Este sistema, si bien es cierto que suele traer más dolores de cabeza por el lado de la LOPD…yo no veo que le aplique la LAESP y me gustaría entenderlo mejor.
En el objeto de la ley, se cita que:
«La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.»
En su caso, en el SITEL, la policía actúa como POLICÍA JUDICIAL (se sacó la ley 25/2007 regulando parte del SITEL), nunca como policía administrativa, por lo que yo no veo la ley 11/2007 por ningún lado. No creo que se pueda considerar como una relación normal con los ciudadanos (en lo que se refiere a la petición de datos a las operadoras, aunque estas sean personas jurídicas) y lo único que podría aplicar la ley es la cooperación entre administraciones…pero por ahora el sistema está en el Ministerio de Interior y hasta que no se apruebe la orden conjunta Interior-Hacienda y defensa… no existe tal cooperación….
¿Qué opinas?
Muchas gracias de antemano por tu tiempo.
Amedeo Maturo
Hola,
Gracias por leerme. Por favor, dame un poco de tiempo y te cuento, ya que no conozco SITEL más que por las noticias.
De nuevo, gracias por leerme,
Amedeo Maturo